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La reforma energética de México ha cambiado fundamentalmente su industria petrolera nacional, convirtiendo el monopolio petrolero estatal del país en un mercado dinámico y competitivo.
Este proceso comenzó en 2014 con una ley de hidrocarburos que establecía un camino para transformar la industria petrolera mexicana. Con el objetivo de un mercado totalmente liberalizado para el 1 de enero de 2018, esta ley especificaba las fechas en las que se produciría la desregulación inicial y la posterior liberalización a lo largo del proceso.
Para la petrolera regulada por el gobierno, Pemex, la producción nacional y la producción de petróleo disminuyeron sustancialmente año tras año en julio en casi 1/3. Esta disminución se traduce en una pérdida de ingresos, ingresos que antes iban directamente al bolsillo del gobierno, financiando hasta el 30% de los proyectos federales, específicamente de infraestructura. Con la pérdida de ingresos, Pemex cuenta con la inversión internacional y la competencia para devolver la vida al mercado petrolero mexicano y la producción a su máxima capacidad.
De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de México, "la transición de una empresa petrolera estatal, entre otros efectos, debe transmitir señales claras de precios, dar inicio al desarrollo de nueva infraestructura, impulsar la modernización de Pemex y, en general, promover el funcionamiento eficiente del mercado."
Entender las implicaciones que la reforma tiene en los precios regionales de los combustibles es clave para crear consistencia y estabilidad en las cadenas de suministro de los transportistas.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre desregulación y liberalización, y cuál es el impacto de la reforma energética mexicana en los costes de transporte?
La desregulación del mercado mexicano de combustibles señala el inicio de la apertura del mercado nacional a la inversión y la competencia internacionales. La desregulación en sí misma desplaza el control de la empresa estatal y regulada Pemex hacia un campo de juego más diverso. Por primera vez desde la creación de Pemex en 1938, se permite a las empresas internacionales poseer infraestructura y estaciones de servicio en México como agentes del mercado que funcionan de forma independiente.
Durante el proceso de desregulación del mercado, el gobierno de México seguirá dictando los cambios de precios nacionales en 90 regiones geográficas distintas hasta que se produzca la liberalización, a diferencia de la típica economía de libre mercado habitual en Estados Unidos y otras economías extranjeras. En estos casos, los cambios en el mercado mundial de combustibles se reflejan directamente en los precios que se ven en el surtidor, mientras que en México los precios desregulados aún no son sensibles a esta dinámica. Se establece un precio máximo diario basado en la fórmula nacional de combustibles del gobierno para minimizar la volatilidad del mercado, aislando al mercado mexicano de combustibles de los cambios mundiales en los precios y la producción de combustibles. El objetivo de este máximo es suavizar los movimientos diarios de precios en el mercado para lograr una tendencia más gradual en el tiempo.
La desregulación ocurrió de manera instantánea el 1 de enero de 2017. Los precios del combustible subieron de la noche a la mañana un 25%. Al aumentar las tarifas del combustible, los transportistas exigieron aumentos de tarifas para transportar mercancías. El problema radica en el cálculo de las solicitudes de aumento de tarifas-el aumento del 25 por ciento en los costos de combustible no debería equivaler automáticamente a un aumento del 25 por ciento en las tarifas de transporte de mercancías. Eso es un aumento del 25 por ciento tanto en el combustible como en el transporte de línea, lo que resulta en que los cargadores sobrecompensan significativamente a los transportistas por el consumo de combustible en México.
En marzo de 2017, apenas tres meses después del inicio de la desregulación, comenzó el proceso de liberalización-y estará completamente implementado en diciembre. Si bien la desregulación fue el primer cambio importante en la reforma energética de México, el gobierno central seguía teniendo un control predominante sobre la volatilidad de los precios. Sin embargo, con la introducción de la liberalización, México inició su transición desde la fórmula gubernamental hacia la dinámica del libre mercado.
Cuando un estado se liberaliza, las regiones que se encuentran dentro de ese estado ya no necesitan acatar los precios máximos diarios del gobierno, llegando a ser susceptibles a la dinámica del mercado global de combustibles. Esto depende de la situación de la participación de Pemex en la infraestructura dentro de cada estado, dado que la mayoría de los estados aún se rigen por la fórmula gubernamental. Los datos siguen sugiriendo que las estaciones de servicio de los estados liberalizados siguen de cerca los precios máximos fijados por el gobierno.
A medida que más estados se unen a las filas de los liberalizados -incluyendo actualmente Baja California, Sonora y el resto de los estados mexicanos fronterizos con EE.UU.- es difícil predecir cómo la competencia en un espacio de mercado cada vez más diverso impulsará los precios de los combustibles. Mantenerse informado es la mejor manera de anticiparse al impacto de la reforma energética mexicana en los costos de embarque.
Conozca más acerca de cómo Breakthrough continúa ayudando a sus clientes navegar estos cambios en México.
Por lo tanto, es importante que se mantenga informado.
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